El procurador y sus funciones en las subastas


El Procurador de los Tribunales es un profesional, Diplomado en Derecho, experto en el procedimiento judicial, o bien lo que es exactamente lo mismo, en el derecho procesal.

El procurador tiene la representación de los ciudadanos que se ven en la necesidad de asistir a los Tribunales, así como de las empresas que también llegan a los tribunales. Los procuradores tienen la capacitad, y estamos capacitados para efectuar, una serie de funciones que agilizan el desarrollo del procedimiento judicial y agregan una garantía extra a nuestro usuario de la buena llevanza de su caso.

El papel  general de los procuradores dentro de la administración de justicia

Ley de Enjuiciamiento Civil, a causa de la que se puso en marcha el proyecto de papel cero desde el 1 de enero de dos mil dieciseis, supone un reto importante para todo el sistema judicial, y también para los procuradores. Ello ha supuesto un cambio radical en la figura del procurador, como bien apuntan desde el Colegio de Madrid, no solo por la modificación en el sistema de trabajo, sino por las nuevas competencias concedidas por la Ley, como capacitad de certificación en los actos de comunicación. Desde la reforma, los procuradores pueden hacerlo sin precisar la asistencia de los testigos que, hasta ese instante, eran necesarios.

Este Ley ha reforzado y ampliado las funciones de los procuradores, estableciendo nuevas atribuciones para estos profesionales, mas asimismo ha supuesto un esmero esencial de adaptación por la parte del colectivo en lo que a nuevas tecnologías se refiere. En este sentido los procuradoress son los operadores jurídicos más amoldados a las nuevas tecnologías que impone el sistema, jugando además un papel esencial de cooperación con la Administración de Justicia.

En algunas partes de España están más adaptados a estas reformas legislativas. Por ejemplo, los procuradores de Murcia, con profesionales tan ilustres en la región como Antonia Moiño, están plenamente adaptados a los nuevos tiempos.

Subastas y enajenación de bienes

La nueva regulación de la subasta contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil, introduce cambios sobre todo en el orden y previsión del procedimiento de apremio o bien fase de realización, anterior valúo, de los recursos perjudicados a la ejecución, conforme su diferente naturaleza. Llena además de esto numerosas lagunas y establece una sola subasta con el propósito de conseguir, dentro de lo posible y conforme con las reglas del mercado, un resultado más ventajoso para el deudor ejecutante y al tiempo una reducción del costo económico. Como comenta Antonia Moñino, la ley abre camino a nuevas vías de enajenación forzosa como opciones alternativas a la subasta, que dejarán agilizar la realización y prosperar su desempeño, como los convenios de realización entre ejecutante y ejecutado y la posibilidad de que, a instancia del ejecutante o bien con su conformidad, el Juez acuerde la enajenación del bien por entidad especializada, y por lo tanto, al lado de la subasta judicial, haciéndolo más atrayente a nivel económico, considerablemente más diligente y efectivo en todos y cada uno de los aspectos.

La convocatoria de subasta, en especial en el caso de inmuebles, recibe una singular atención por la parte del legislador, que pone singular cuidado en los aspectos registrales y la protección de terceros, procurando además de esto la obtención de un resultado más acorde con el auténtico valor del bien. Con relación a la subsistencia y cancelación de cargas sobrevivirán las cargas precedentes al impuesto que se ejecuta y la cancelación de las cargas siguientes. El sistema se completa deduciendo del valúo, el importe de las cargas subsistentes para fijar el valor por el que el bien tiene que salir a subasta, solución que garantiza que las cantidades ofrecidas en la subasta, repercutan en beneficio de la ejecución, lo que no se lograba con la tradicional liquidación de cargas.

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